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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) oficializó ayer los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmando que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto.
Sin embargo, este anuncio llega después de una serie de intentos de judicialización y amenazas a la democracia por parte de actores ilegales.
Minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal, Freddy Orellana, ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios.
Ante esta situación, el partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal, que deberá recibir de la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.
Este intento de impedir la participación electoral del partido recibió una promoción por el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por el fiscal Rafael Curruchiche.
Estos funcionarios, que están sancionados por los Estados Unidos por corrupción, dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto, con el objetivo de causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Cabe destacar que el Juez Orellana ha sido cuestionado por su actuación en casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.
Ante esta situación, diversas organizaciones internacionales han emitido un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional.
Además, se exige que se investigue a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral y se detengan las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.
Es necesario que la comunidad internacional se mantenga alerta y se pronuncie sobre lo que está aconteciendo en Guatemala, sumando sus esfuerzos diplomáticos para evitar cualquier atropello a la democracia.
En medio de estas acciones indebidas, se espera que el proceso electoral pueda continuar con su curso y que se garantice la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.
Organizaciones firmantes como American Jewish World Service (AJWS), Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Impunity Watch, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y Plataforma Internacional contra la Impunidad hacen un llamado a la defensa de la democracia y al respeto de los procesos electorales.
