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La Fiscalía General de la República (FGR) fue acusada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) de haber omitido investigaciones en materia de falsificación de marcas registradas durante los últimos tres años.
Además, impuso una prohibición interna para órdenes de allanamiento en casos de propiedad intelectual. El organismo estadounidense hizo estas declaraciones en su informe Especial 301 sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo.
El reporte de la USTR indica que las autoridades mexicanas solían realizar redadas en los mercados de La Pulga Río, San Juan de Dios y Tepito para combatir la piratería. Sin embargo, esta actividad de aplicación parece haber cesado en años recientes.
La ANAM facilitó 493 casos contra la importación de mercancías falsificadas en la fiscalización en frontera, según el informe. No obstante, la efectividad de la ANAM se ve limitada por su incapacidad para tomar determinaciones, incautar o destruir las mercancías falsificadas sin una orden del IMPI o la FGR.
La dependencia estadounidense expresó que México mantiene barreras para la aplicación penal eficaz de los derechos de autor, pues las leyes mexicanas demandan la demostración de un beneficio económico directo para el infractor. Además, el requisito del “beneficio económico directo” impide la ejecución penal efectiva contra los actos de piratería sin fines de lucro.
En el caso de las reproducciones ilegales, los acusantes deben presentar una copia física legítima del contenido pirateado, incluso si las copias pirateadas se distribuyeron en línea. La USTR sostuvo que la aplicación civil de los derechos de autor es difícil debido a que existe una falta de responsabilidad por parte de las autoridades del Gobierno federal.
