El Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer aranceles del 100 por ciento a Nicaragua, así como su posible exclusión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), debido a políticas consideradas como “irrazonables” en materia de derechos laborales y humanos. La Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que acusa al Gobierno nicaragüense de obstaculizar el comercio estadounidense y vulnerar el Estado de Derecho.
Entre las acciones propuestas se contempla la aplicación de impuestos adicionales a algunos o todos los productos nicaragüenses que ingresan al mercado estadounidense. Estas medidas podrían aplicarse de forma inmediata o escalonada en un periodo de hasta un año. Además, la USTR sugirió revisar o cancelar los beneficios arancelarios que Nicaragua recibe en el marco del acuerdo DR-CAFTA, vigente desde 2006 y que ha incrementado significativamente las exportaciones del país centroamericano hacia Estados Unidos.
La investigación de la USTR inició en diciembre de 2024 bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974 y se centró en las acciones del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tras recibir más de 160 comentarios públicos y realizar una audiencia en enero de 2025, la dependencia concluyó que el régimen nicaragüense incurre en prácticas que afectan la actividad de empresas estadounidenses. La USTR mantendrá abierto el proceso de consulta pública hasta el 19 de noviembre, tras lo cual decidirá si implementa o no las medidas propuestas.
