La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el jueves los argumentos relacionados con las apelaciones de emergencia del gobierno federal sobre una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que niega la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas que se encuentran en el país sin autorización.
Esta medida, firmada el primer día del segundo mandato de Trump, ha sido suspendida temporalmente por tribunales inferiores que consideran que la acción contradice una decisión de 1898 de la misma Corte, en la que se estableció que la ciudadanía por nacimiento aplica para cualquier persona nacida en territorio estadounidense, con pocas excepciones.
Durante la audiencia, algunos jueces expresaron inquietud sobre los efectos de permitir que la orden entre en vigor mientras continúan los procesos judiciales.
La discusión también se centró en el uso frecuente de órdenes judiciales a nivel nacional, un recurso que ha frenado varias políticas de la administración. Desde enero, se han emitido 40 medidas de este tipo, según cifras del Procurador General.
Los jueces analizaron si estas órdenes deberían limitarse para que solo afecten a las partes demandantes, lo que podría generar situaciones desiguales dependiendo del estado donde nazca el menor.
Representantes de los estados que interpusieron las demandas advirtieron que reducir el alcance de las órdenes judiciales podría ocasionar que la ciudadanía de los niños dependa del lugar donde nacen, generando posibles casos de apatridia.
Los jueces también discutieron si una demanda colectiva podría reemplazar la orden judicial actual, permitiendo una aplicación más uniforme, aunque el gobierno expresó que podría oponerse a ese procedimiento. La Corte aún no ha definido cuándo resolverá la disputa sobre las restricciones a la ciudadanía por nacimiento.
