Francia aprobó este lunes una ley pionera para frenar el auge desmedido de la fast fashion o moda ultrarrápida. La reforma llega en un momento crítico, ya que el sector textil representa cerca del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Actualmente, plataformas asiáticas como Shein y Temu son acusadas de inundar el mercado con productos de baja gama a precios ínfimos, generando montañas de residuos y provocando una supuesta competencia desleal.
Más de dos años después de su presentación, el Senado francés adoptó definitivamente la legislación. El texto establece un sistema de penalizaciones financieras dirigido a las empresas menos virtuosas. A través de este mecanismo, el Gobierno busca mitigar el impacto ambiental y, a su vez, preservar de forma estratégica la industria textil francesa y europea.
Multas progresivas y criterios de la “moda ultrarrápida”
El ministro de Comercio, Serge Papin, señaló directamente a los actores detrás de esta oleada comercial: “Son Temu, Shein y AliExpress”, declaró durante la adopción previa en la Asamblea Nacional. En su versión final, la reforma apunta a la moda ultrarrápida definiéndola bajo dos criterios técnicos esenciales: el volumen de prendas introducidas en el mercado y el incentivo a la reparación (un coeficiente entre el precio del producto y lo que costaría repararlo).
Concretamente, el texto establece una penalización financiera por producto que irá aumentando con el tiempo. La multa comenzará a aplicarse de forma gradual y podría llegar hasta los 20 euros (22.8 dólares) por prenda para el año 2030, con un límite máximo fijado en el 50% del valor del producto sin impuestos. Una parte de estas sanciones se destinará a financiar las infraestructuras de recogida y reciclaje de textiles.
Prohibición de publicidad y límites de la reforma
Además de los castigos económicos, la ley prevé que las plataformas muestren mensajes obligatorios que fomenten la sobriedad, la reutilización y la reparación de la ropa. Asimismo, prohíbe de forma estricta la publicidad para estas marcas de consumo masivo, restricción que incluye las campañas realizadas a través de creadores de contenido o influencers. No obstante, la aplicación de este último veto publicitario queda a expensas de la Comisión Europea, organismo que ha expresado reservas sobre su conformidad con el derecho europeo.
Por otra parte, el alcance geográfico de la ley desató debates políticos internos. El diseño de la norma buscaba centrarse en las grandes plataformas asiáticas y preservar al mismo tiempo a marcas europeas como Zara o Kiabi. Ante este escenario, la oposición de izquierdas lamentó que el perímetro quedara tan acotado. El diputado ecologista Charles Fournier criticó la reducción de la ambición inicial debido al peso de los grupos de presión (lobbies), advirtiendo que firmas como Zara, H&M, Primark o Uniqlo tampoco constituyen modelos de moda sostenible.
