La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enviará este jueves a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El objetivo central es establecer mecanismos jurídicos formales que permitan a los partidos políticos saber con certeza si sus candidatos tienen vínculos con la delincuencia organizada antes de postularlos de cara a los comicios de 2027.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal detalló que tomó la determinación de enviar esta propuesta legislativa para que sea discutida de forma prioritaria en un periodo extraordinario.
“Desde que entramos hemos vivido algunos casos, lo subrayo, de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.
Así operará la Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas del INE
La iniciativa plantea la creación de un nuevo órgano especializado: la Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas. Esta célula estará integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Para poder ejecutar las indagatorias, el árbitro electoral operará de manera coordinada con instituciones estratégicas de seguridad y fiscalización del Estado mexicano:
- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
- La Fiscalía General de la República (FGR).
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Bajo este esquema, los partidos políticos entregarán de forma voluntaria la lista de sus abanderados a la comisión del INE. Las dependencias federales consultarán si existe un “posible riesgo razonable” de complicidad con células delictivas. A partir de los resultados de la investigación, los partidos serán los únicos responsables de determinar si registran o retiran la postulación. De encontrarse información delictiva relevante, las fiscalías continuarán con los procesos penales conducentes.
Los antecedentes que detonaron la reforma: El impacto en Morelos
La presidenta Sheinbaum Pardo recordó que desde el inicio de su administración se han implementado golpes policiales contundentes. Citó como primer antecedente la operación Enjambre, la cual derivó en la captura de presidentes municipales y trabajadores de ayuntamientos vinculados a actividades criminales. Posteriormente, se presentaron las detenciones de los alcaldes de Teuchitlán y Tequila.
La mandataria enfatizó que el detonante definitivo para acelerar esta reforma electoral ocurrió tras los operativos federales ejecutados en el estado de Morelos, donde la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra diversos ediles en funciones y exalcaldes por presunta extorsión y delincuencia organizada.
“Mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y yo pedí que hubiera investigación. Desde que pasó lo de Morelos, planteamos qué se podía hacer para que el INE tenga las capacidades para poder hacer por lo menos una investigación. Obviamente todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes”, precisó la Presidenta.
Finalmente, la mandataria de la República subrayó que, si bien se trata de casos aislados y no de una problemática generalizada en todos los municipios del país, resulta indispensable blindar el proceso electoral de 2027 para evitar que personajes con antecedentes delictivos accedan a las boletas electorales.
