La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció formalmente en contra de las modificaciones al calendario escolar 2025-2026 impulsadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que el adelanto del fin de cursos “contradice el interés superior de la niñez”.
El organismo señaló que la decisión de concluir las clases el próximo 5 de junio —motivada por la celebración del Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas— no tomó en cuenta las realidades laborales y sociales de las familias mexicanas.
Riesgos de desprotección y violencia
La CNDH advirtió que reducir el ciclo escolar sin ajustar las jornadas laborales de madres, padres o tutores genera un desfase que coloca a los menores en una situación de riesgo. Entre las preocupaciones principales destacan:
- Estado de vulnerabilidad: Los menores podrían quedar solos en casa ante la imposibilidad de sus cuidadores de ausentarse del trabajo.
- Riesgos sociales: El traslado de la carga de cuidados a las familias, sin apoyo institucional, puede incrementar casos de violencia, abandono o falta de atención adecuada.
- Impacto multidimensional: Las afectaciones podrían alcanzar dimensiones físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los estudiantes.
Crítica a las soluciones temporales
Aunque el ajuste fue acordado durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) con el respaldo del SNTE y 10 entidades federativas, la Comisión calificó las medidas como “emergentes y temporales”.
“No representan una solución duradera, eficiente ni eficaz frente a los retos logísticos derivados del Mundial 2026”, subrayó el organismo.
Llamado a la perspectiva de derechos humanos
El pronunciamiento concluye con un llamado a la SEP y al CONAEDU para que cualquier cambio futuro en el calendario escolar (que prevé el inicio del ciclo 2026-2027 para el 31 de agosto) sea diseñado con perspectiva de derechos humanos.
La CNDH insistió en que el eje central de las políticas públicas educativas debe ser el bienestar de niñas, niños y adolescentes, exhortando a las autoridades a crear mecanismos que consideren los contextos laborales de las personas cuidadoras para garantizar que no se vulneren los derechos de la infancia.
