La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 29 de abril que iniciará una investigación formal derivada de las acusaciones realizadas por autoridades de los Estados Unidos en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre los que se incluye al gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante una conferencia de prensa, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló que la institución se encargará de revisar exhaustivamente la información proporcionada por el gobierno estadounidense para determinar el cauce legal correspondiente en territorio mexicano.
Evaluación de pruebas y órdenes de aprehensión
El objetivo de la indagatoria será verificar si los señalamientos cuentan con el sustento jurídico necesario bajo el marco de la ley nacional. Al respecto, el funcionario expresó:
“Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
Postura sobre la extradición
En cuanto a la posibilidad de una extradición, Lara López fue enfático al señalar que dicho procedimiento solo ocurrirá si se presentan las pruebas suficientes conforme a las leyes mexicanas.
Hasta el momento, la FGR considera que la solicitud actual enviada por las autoridades de EE. UU. “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”. Por ello, la investigación buscará recabar los datos necesarios para deslindar responsabilidades o, en su caso, fundamentar las acciones legales que resulten procedentes.
