La violencia volvió a desatarse en el occidente de México. Este miércoles, en al menos 29 municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, se vivió una jornada marcada por bloqueos, incendios de vehículos, ataques a comercios y un saldo fatal: dos policías municipales asesinados y nuevas víctimas entre las madres buscadoras de desaparecidos.
Una guerra entre cárteles que paraliza regiones
Los hechos, que incluyeron también el aseguramiento de explosivos y minas, fueron atribuidos por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, a una disputa territorial entre grupos delictivos. Aunque no se dieron nombres específicos, en la región operan conocidos cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, además de al menos cuatro organizaciones criminales más.
David Saucedo, analista en temas de seguridad, puso en duda la versión oficial. Según explicó, las quemas de camiones y bloqueos son más comunes como respuesta a operativos o capturas importantes, lo que podría indicar una acción de narcoterrorismo, más que un simple enfrentamiento entre bandas.
Policías, el blanco constante del crimen organizado
Con estos dos asesinatos, ya suman al menos 140 policías asesinados en lo que va de 2025, lo que representa un alarmante aumento del 47% respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la organización civil Causa en Común, en México se asesina, en promedio, a un policía cada día.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades federales y locales por recuperar la movilidad y controlar la situación, el miedo y la desconfianza siguen presentes entre la población.
La violencia también silencia a las buscadoras
El clima de inseguridad también ha cobrado la vida de quienes buscan justicia por sus seres queridos. En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue asesinada María del Carmen Morales, activista del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez. Morales llevaba más de un año buscando a uno de sus hijos desaparecidos y participó en marzo en el hallazgo de restos óseos y prendas en el rancho Izaguirre, un caso que evidenció las omisiones de las autoridades.
Aunque la Fiscalía de Jalisco descartó que su asesinato estuviera ligado a su labor como buscadora, colectivos y académicos han criticado esta versión, exigiendo investigaciones más profundas. “Es irresponsable adelantar conclusiones sin indagar a fondo el contexto de violencia que se vive en la zona”, reclamó el comité de desapariciones de la Universidad de Guadalajara.
Solo semanas antes, otra activista, Teresa González, fue asesinada en Jalisco mientras buscaba a su hermano. En ambos casos, las autoridades han minimizado la posibilidad de que los homicidios estén relacionados con su activismo.
