La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad constitucional de bloquear cuentas bancarias de manera directa, siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sin necesidad de obtener una orden judicial previa.
La resolución deriva del análisis de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, la cual impugnaba la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito publicada en marzo de 2022. Por mayoría de votos, el Máximo Tribunal concluyó que dicha modificación es válida y constitucional.
Fundamentos del fallo
El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue aprobado por una mayoría de seis votos. Los puntos centrales que sostienen la decisión son:
- Naturaleza de la medida: La SCJN determinó que el congelamiento de cuentas no constituye un castigo ni una declaración de culpabilidad.
- Medida cautelar: Se define como una acción de carácter administrativo y preventivo orientada exclusivamente a proteger la integridad del sistema financiero.
- Autonomía administrativa: Confirma que la UIF, como órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, puede actuar de forma inmediata ante operaciones sospechosas sin la intervención de un juez.
Posturas encontradas en el Pleno
A pesar de la aprobación mayoritaria, el fallo contó con los votos en contra de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García. Los magistrados disidentes expresaron su preocupación respecto a posibles afectaciones a la seguridad jurídica de los usuarios ante el actuar directo de la autoridad administrativa.
Alcance legal
La ministra ponente aclaró que esta facultad de la UIF no sustituye las investigaciones penales correspondientes. Al ubicarse estrictamente en el ámbito preventivo, la medida busca inmovilizar recursos bajo sospecha mientras se realizan las indagatorias pertinentes, reafirmando la legalidad de las reformas financieras implementadas en el último año.
