En medio de protestas de pensionados a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con una amplia mayoría de 458 votos a favor, el dictamen que modifica el Artículo 127 constitucional para limitar los montos de las llamadas “pensiones doradas” en organismos como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que las pensiones de exfuncionarios de confianza no podrán exceder el 50% del salario neto de la titular del Ejecutivo federal. Considerando que la presidenta percibe 134,290 pesos netos, el tope máximo para estas jubilaciones quedaría por debajo de los 70,000 pesos.
Debate y reservas: El riesgo de la retroactividad
Aunque la votación en lo general mostró un consenso inusual, la discusión de las reservas evidenció preocupaciones sobre la aplicación de la ley. Diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) y del PRI centraron sus argumentos en la protección de los derechos de quienes ya están retirados:
- Riesgo de amparos: La diputada Irais Virginia Reyes (MC) advirtió que ajustar pensiones ya otorgadas contraviene principios constitucionales y podría generar una ola de amparos masivos, cuyos costos legales superarían los ahorros previstos.
- Vulnerabilidad de ingresos: Claudia Ruiz Massieu (MC) respaldó el fin de los privilegios, pero señaló que la aplicación retroactiva afectaría a miles de personas que ya dependen de esos recursos, vulnerando derechos adquiridos.
- Igualdad para todos los sectores: La legisladora Laura Hernández (MC) anunció reservas para asegurar que estas restricciones alcancen también a las Fuerzas Armadas y a exministros de la Suprema Corte, evitando que la norma se aplique solo a ciertos sectores.
Postura del PRI: Deuda histórica con cautela
Por su parte, la bancada del PRI, representada por la diputada Nadia Navarro Acevedo, calificó el proyecto como un “acto de reconocimiento a una deuda histórica con la ciudadanía”. No obstante, aclaró que su partido no apoyará medidas que vulneren los derechos de los trabajadores y enfatizó la necesidad de construir un sistema de pensiones más justo, equitativo y sostenible para evitar cargas fiscales futuras.
Protestas en San Lázaro
Mientras el debate avanzaba en el pleno, grupos de pensionados de las instituciones afectadas se manifestaron afuera del recinto exigiendo dar marcha atrás a la reforma. Los manifestantes sostienen que la modificación constitucional impacta directamente en su seguridad económica.
El dictamen continúa bajo análisis en lo particular mientras se desahogan las reservas presentadas por los diversos grupos parlamentarios.
Con información de Infobae
