Un juez federal ordenó al Ejército mexicano entregar toda la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, Guerrero, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.
La resolución fue emitida el 19 de febrero de 2026 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 1350/2023. El fallo establece que la Secretaría de la Defensa Nacional debe entregar todos los documentos elaborados ese año por el CFRI “Centro” y por otras instancias militares de inteligencia vinculadas con el caso.
El juez determinó que existe una brecha aproximada de 853 folios que no han sido entregados, por lo que ordenó facilitar el acceso a esa información para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad. La sentencia señala que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información está en poder de las autoridades militares.
La resolución deriva de una demanda presentada en agosto de 2023 por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes acusaron a autoridades militares de no entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, en presunto incumplimiento de un decreto presidencial emitido en 2018 que ordena a dependencias federales colaborar en el esclarecimiento del caso.
Las familias también señalaron la responsabilidad de áreas de inteligencia de la Defensa por el presunto ocultamiento de documentos cuya existencia fue revelada en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En ese documento se reportó que el grupo tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014 sobre el seguimiento a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Sin embargo, los registros entregados estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante. Ante lo que consideraron una parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y el estancamiento de la investigación, las familias decidieron recurrir a la justicia federal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también había advertido previamente que los avances en el caso se habían ralentizado debido a la falta de entrega de información por parte de la Defensa.
Con información de EFE
