La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ejercerá su facultad de atracción para investigar el caso de Ernestina Ascencio Rosario, la mujer indígena náhuatl de 73 años que murió en 2007 tras ser presuntamente agredida sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Esta decisión responde al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el pasado 30 de septiembre de 2025 sentenció al Estado mexicano por vulnerar los derechos a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia de la víctima y su familia.
Una investigación con estándares internacionales
La conducción de las nuevas indagatorias estará a cargo de la Fevimtra (Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas). El objetivo es realizar una investigación exhaustiva bajo los siguientes criterios:
- Enfoque interseccional: Considerando su condición de mujer, indígena y persona mayor.
- Debida diligencia reforzada: Para subsanar las deficiencias de la investigación local inicial que, en su momento, fue desestimada por las autoridades de la época.
- Acreditación de tortura sexual: Se investigarán los hechos como posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas armadas.
El contexto: El sexenio de Felipe Calderón
La agresión contra Ernestina Ascencio ocurrió en febrero de 2007, durante el primer año del gobierno de Felipe Calderón. En aquel entonces, la versión oficial sostuvo que la mujer había fallecido por causas naturales (gastritis crónica), a pesar de los testimonios y peritajes iniciales que señalaban el abuso por parte de efectivos castrenses en el marco de la “Guerra contra el narco”.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso del Estado mexicano para cumplir con la reparación integral del daño, subrayando que este caso es un símbolo de los abusos cometidos durante los regímenes pasados.
¿Qué sigue para el caso?
Al atraer el caso, la FGR deberá revisar las pruebas existentes y generar nuevas líneas de investigación que permitan identificar y llevar ante la justicia a los militares responsables. La sentencia de la Corte IDH es vinculante, lo que obliga a las instituciones mexicanas a no permitir que este crimen permanezca en la impunidad 19 años después.
