El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió un reconocimiento oficial a las fuerzas de seguridad mexicanas por la “exitosa operación” que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. En un mensaje cargado de simbolismo político, la Oficina contra el Terrorismo calificó formalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una “organización terrorista extranjera”.
El pronunciamiento de la administración de Donald Trump destaca la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en la lucha contra el narcotráfico, señalando que la eliminación del líder criminal pone fin a un régimen responsable de violencia transnacional.
El objetivo número uno de la DEA
Oseguera Cervantes no solo era el hombre más buscado en México, sino que encabezaba la lista de fugitivos de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA). Washington consideraba al líder del CJNG como el principal dinamizador del tráfico de fentanilo hacia su territorio, una crisis de salud pública que ha marcado la agenda bilateral.
- Recompensa histórica: El gobierno estadounidense ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.
- Impacto operativo: La Oficina contra el Terrorismo subrayó la “decisiva ejecución” del operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, el cual contó con intercambio de inteligencia de alto nivel entre ambas naciones.
Repercusiones en la seguridad regional
El reconocimiento de EE. UU. refuerza la narrativa de una cooperación estrecha con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Morelos, donde la presencia del CJNG ha sido documentada por autoridades federales, este respaldo internacional sugiere una continuidad en la presión contra las células locales de la organización.
La designación del cártel como “organización terrorista” por parte de Washington abre la puerta a mecanismos de persecución financiera y operativa más estrictos, lo que podría derivar en nuevos operativos en el centro del país para desarticular las redes de lavado de dinero y logística que operan en entidades como Morelos, Puebla y Guerrero.
