El Gobierno de Perú reiteró que no considera ingresar por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, reafirmó que no se tiene previsto tomar acciones similares a las ocurridas en Ecuador en 2024, cuando autoridades ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas. Chávez permanece en la residencia diplomática mexicana, luego de que el Gobierno de México le otorgó asilo.
De Zela indicó que durante su reciente visita a Washington expuso ante representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) el desacuerdo de su país con la interpretación que México ha dado al proceso de asilo político. Perú sostiene que no existe persecución política contra Chávez y que la condena impuesta se basa en delitos comunes, en referencia a la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Perú, que determinó su implicación en la tentativa de cierre del Congreso el 5 de diciembre de 2022. El Ejecutivo peruano ha elevado una consulta formal ante la OEA con base en la Convención de Caracas de 1954, que establece lineamientos sobre la figura del asilo diplomático.
El Gobierno peruano mantiene suspendidas sus relaciones diplomáticas con México y ha delegado a Brasil la representación consular y diplomática correspondiente. La entrega del salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país rumbo a territorio mexicano se encuentra condicionada a las consultas iniciadas en la OEA. Perú insiste en que otorgar asilo a una persona condenada por delitos comunes contraviene los principios del acuerdo internacional, mientras que México defiende su decisión con base en su derecho soberano de conceder protección diplomática cuando considera que hay motivaciones políticas en los procesos judiciales.
