En una decisión histórica para la protección de la infancia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que todo menor de edad tiene el derecho inalienable a conocer su identidad biológica. El máximo tribunal enfatizó que este derecho no puede quedar sujeto al arbitrio de adultos ni postergarse bajo el argumento de “proteger al menor”.
Identidad biológica vs. Filiación jurídica
Al resolver el amparo directo en revisión 4002/2023, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Corte analizó el caso de un hombre que reclamaba la paternidad biológica de un menor que fue registrado y criado por la pareja de la madre.
Tribunales inferiores habían determinado que el menor solo debía conocer su origen antes de cumplir los 18 años, dejando la fecha exacta a discreción del padrastro. Sin embargo, la SCJN revocó este fallo al considerar que la verdad biológica es un componente esencial de la dignidad humana.
“En cada caso concreto, la persona juzgadora debe determinar la manera de garantizar el derecho a conocer su propio origen biológico, procurando la menor incidencia negativa en la estabilidad emocional del menor”, señaló la ministra Ortiz Ahlf.
La resolución ordena dictar una nueva sentencia que defina los mecanismos para informar al adolescente sobre su origen, siempre adoptando medidas que protejan su salud mental y la estabilidad del núcleo familiar actual.
Corte frena revictimización de menores en casos de abuso
En la misma sesión, el Pleno analizó el Amparo Directo en Revisión 2991/2023, referente a un juicio de divorcio donde se acreditó violencia familiar y sexual contra una menor, derivando en la pérdida de la patria potestad del padre.
La Corte revocó una sentencia previa que pretendía obligar a la víctima a comparecer nuevamente para “reevaluar su credibilidad”. El máximo tribunal determinó que esta medida era injustificada y violatoria de la perspectiva de género.
“Practicar pruebas periciales para evaluar la credibilidad de un testimonio sin motivo aparente constituye una forma de revictimización“, sentenció la ponencia, subrayando que el sistema judicial debe priorizar el bienestar emocional de las infancias por encima de formalismos procesales.
