Mariana González, hija del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció públicamente que fue objeto de extorsiones con el objetivo de presionarla para que convenciera a su padre de abandonar su participación política. Aseguró que le exigieron condicionar la libertad de su esposo, Rafael Tudares, a la renuncia de González Urrutia a su lucha política. Tudares permanece detenido desde el 7 de enero de 2025, días antes del inicio del tercer mandato presidencial de Nicolás Maduro.
Según la declaración publicada en su cuenta oficial, Mariana González afirmó haber sido víctima de tres episodios de presión que involucraron a personas relacionadas con autoridades, representantes de la Iglesia y de organizaciones que se presentan como defensoras de derechos humanos. Explicó que estos encuentros ocurrieron en embajadas, oficinas de instituciones religiosas y sedes de organismos civiles, y sostuvo que hubo testigos que escucharon íntegramente las conversaciones. Mariana calificó estas acciones como parte de un esquema de persecución política e instrumentalización de la justicia.
También declaró que el proceso judicial contra Tudares carece de pruebas y que su esposo, abogado de profesión, revisó su expediente sin encontrar evidencias ni testigos que justificaran los cargos. Aseguró que la condena de 30 años que se le impuso representa una violación al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. González reiteró que su esposo es víctima de una retaliación política y recordó que el caso está vinculado al contexto en el que su padre, Edmundo González Urrutia, se exilió en España tras denunciar presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024.
