La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el jueves la derogación de la ley que ratificó en el año 2000 la adhesión del país al Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión, respaldada de forma unánime, se interpreta como un paso hacia el retiro formal de Venezuela del tribunal con sede en La Haya. La medida será efectiva una vez que sea promulgada por el presidente Nicolás Maduro y publicada en la Gaceta Oficial, según informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.
Durante la sesión, Rodríguez señaló que el propósito de esta acción es denunciar lo que calificó como una falta de imparcialidad por parte de la CPI. La decisión legislativa se da después de que el fiscal adjunto del organismo internacional, Mame Mandiaye Niang, anunciara el cierre de su oficina en Caracas, creada en 2023 como parte de un acuerdo entre el gobierno venezolano y la Fiscalía de la CPI para facilitar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas del año 2017. La Fiscalía justificó el cierre por la falta de avances concretos en el cumplimiento de las obligaciones de complementariedad establecidas por el Estatuto.
El proceso de retiro de la Corte Penal Internacional requiere que el Estado parte notifique formalmente al secretario general de la ONU, y la salida se hace efectiva un año después de esa notificación. Sin embargo, la legislación internacional aclara que el retiro no exime al país de responsabilidades previas adquiridas como miembro. A pesar del anuncio del cierre de la oficina en Venezuela, la Fiscalía de la CPI comunicó que la investigación sobre el caso venezolano continúa activa y que su equipo seguirá operando desde la sede central en Países Bajos.
