El gobierno de Venezuela rechazó este martes la venta forzosa de Citgo, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), autorizada por un tribunal federal de Estados Unidos.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó el proceso como un “despojo” de uno de los principales activos del país en el extranjero y anunció que el Estado se reserva el derecho a ejercer acciones legales contra quienes participaron en el procedimiento judicial. El juez Leonard P. Stark, del tribunal federal en Delaware, aprobó la adjudicación de PDV Holding —matriz de Citgo— a una filial del fondo Elliott Investment Management, tras una oferta de 5,900 millones de dólares en una subasta organizada para indemnizar a acreedores.
La subasta responde a reclamos de más de una docena de empresas por incumplimiento de deuda y expropiaciones en Venezuela. Representantes legales de Citgo, PDVSA y otros involucrados apelaron el lunes la decisión del juez Stark.
Según Rodríguez, el gobierno venezolano fue excluido del proceso por influencia del Ejecutivo estadounidense, bajo el argumento de desconocer a la administración de Nicolás Maduro como legítima. Caracas sostiene que esta exclusión impidió ejercer el derecho a la defensa y forma parte de una estrategia para apropiarse de activos clave.
El gobierno venezolano reiteró que no reconocerá la venta forzada de Citgo, cuyo valor estimado asciende a 8,000 millones de dólares. Maduro ofreció la empresa como garantía en un canje de deuda realizado en 2016.
La operación judicial aún requiere la aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que previamente había protegido temporalmente los activos controlados por la oposición venezolana. Citgo opera desde la década de 1980 y cuenta con tres refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, así como una red de oleoductos que abastecen entre 5% y 10% del consumo de gasolina en Estados Unidos. El proceso legal también podría permitir a empresas como Crystallex y ConocoPhillips recuperar indemnizaciones por expropiaciones pasadas.
