El gobierno de Venezuela acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de incumplir sus compromisos tras el anuncio del cierre de su oficina en Caracas, decisión comunicada el lunes por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang. La oficina fue establecida en 2023 como parte de un acuerdo de cooperación entre el Estado venezolano y la CPI para facilitar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017, bajo la administración de Nicolás Maduro.
Niang explicó que el cierre responde a la falta de avances concretos en la cooperación con el gobierno venezolano, elemento clave del principio de complementariedad del Estatuto de Roma.
Este principio establece que la CPI actúa solo cuando los Estados no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones genuinas sobre delitos graves. Aunque se cierra la oficina física en Venezuela, la Fiscalía de la CPI confirmó que la investigación continúa activa y su equipo seguirá trabajando desde La Haya.
En respuesta, el canciller Yván Gil difundió un comunicado acusando a la Fiscalía de no cumplir con la designación de personal para la oficina ni de colaborar con las iniciativas judiciales promovidas por el gobierno. Según el documento, la CPI “se desentendió” de sus responsabilidades y actuó con una “agenda política”.
El memorando de entendimiento firmado en 2023 entre Maduro y el entonces fiscal Karim Khan contemplaba también asistencia técnica en reformas judiciales. La investigación sobre los hechos posteriores a los comicios de 2017 sigue abierta, pero hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de detención por parte de la Corte.
