El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña con la que fue elegido en 2022, luego de que el organismo determinó que se superaron los límites de gasto permitidos en hasta 1.2 millones de dólares y se recibieron fondos de fuentes no autorizadas.
Petro calificó la resolución como una acción de sus opositores y señaló que se trata de una decisión administrativa con motivaciones políticas, aludiendo a los magistrados del CNE, quienes son electos por el Congreso a partir de ternas presentadas por los partidos políticos.
La sanción incluyó multas al gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; a la tesorera, a la auditora y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición que respaldó la candidatura presidencial de Petro. El CNE abrió la investigación en octubre de 2024 tras recibir una denuncia anónima, concluyendo que la campaña recibió aportes de organizaciones como Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), Ingenial Medias y la Unión Sindical Obrera, consideradas fuentes de financiación prohibidas por la normativa electoral colombiana.
Petro no puede ser sancionado directamente por el CNE debido al fuero especial que ostenta como presidente, según determinó la Corte Constitucional. En su lugar, cualquier investigación deberá ser llevada por la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso.
El mandatario defendió que su campaña no recibió recursos del narcotráfico y reiteró que no hubo irregularidades en el financiamiento. Por su parte, la defensa legal de la campaña aseguró que las donaciones observadas no estaban dirigidas a la actividad electoral, sino al movimiento político Colombia Humana. En respuesta, la Unión Patriótica rechazó la resolución, alegando que la sanción carece de fundamentos probatorios y que vulnera las garantías democráticas.
