El gobierno de México reiteró que el derecho de asilo reconocido internacionalmente respalda su decisión de acoger a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez en su sede diplomática en Lima.
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que su actuación se apega al marco legal establecido por tratados multilaterales, como la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. La ciudadana peruana solicitó protección a través del mecanismo de asilo, al encontrarse en un proceso penal por presunta participación en el intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022.
Las declaraciones del gobierno mexicano generaron una respuesta del primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, quien cuestionó el uso del asilo en este caso.
La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, afirmó días atrás que dicho recurso no aplicaría para personas sometidas a un proceso judicial por delitos comunes. El lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Álvarez, dijo que no se considera una incursión a la sede diplomática mexicana, y que su gobierno actúa conforme al derecho internacional. Según el funcionario, el presidente Jerí expresó lo que considera la opinión generalizada en Perú respecto a la situación legal de Chávez.
Chávez se encuentra actualmente dentro de la embajada mexicana, mientras continúa el procedimiento judicial en su contra. El Ministerio Público la acusa de rebelión y conspiración, con base en los hechos ocurridos cuando fue parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Las autoridades mexicanas señalaron que la solicitud de asilo será evaluada conforme a lo establecido por el derecho internacional, y en consulta con los tratados suscritos por ambos países sobre protección a personas perseguidas por razones políticas.
