En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que modifica el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados en materia de combate a la extorsión.
La nueva propuesta eleva la pena mínima de prisión a 15 años y la máxima a 25 años, superando ampliamente los rangos de 6 a 15 años que contemplaba la propuesta original aprobada en San Lázaro.
El dictamen introduce cambios únicamente en el primer artículo del decreto correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, señaló la Cámara Alta.
Estas modificaciones responden a la preocupación de los senadores de que las penas propuestas inicialmente pudieran favorecer a quienes ya cumplen condena por este delito.
Entre las modificaciones más relevantes, las comisiones incluyeron la obligación de que las autoridades encargadas de aplicar la ley actúen con pleno respeto a los derechos humanos, una disposición ausente en la versión previa.
Además, se estableció que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas especializados, capacitados y certificados en materia de extorsión.
Mientras se crean estas unidades específicas, las áreas contra el secuestro de las fiscalías asumirán temporalmente la investigación de estos delitos.
Con información de Infobae
