El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció este jueves que varios de los 37 legisladores y empresarios implicados en un caso de corrupción relacionado con proyectos de control de inundaciones podrían estar en prisión antes de Navidad.
La comisión independiente que investiga el caso presentó denuncias penales por malversación, corrupción y saqueo, además de cargos fiscales contra 86 empresarios y nueve funcionarios gubernamentales. El monto evadido por las empresas asciende a 9,000 millones de pesos filipinos, equivalentes a 152 millones de dólares.
Las investigaciones apuntan a miles de proyectos de infraestructura destinados a la prevención de inundaciones que resultaron defectuosos, incompletos o inexistentes. Este tipo de obras es prioritario en Filipinas, un país expuesto con frecuencia a tifones e inundaciones.
En las últimas semanas, los tifones Kalmaegi y Fung-wong provocaron la muerte de al menos 259 personas, además de dejar cientos de desaparecidos y millones de afectados. El Consejo Antilavado de Dinero congeló más de 1,600 cuentas bancarias y cientos de bienes valuados en 6,300 millones de pesos. Autoridades también incautaron vehículos de lujo pertenecientes a los acusados, algunos de los cuales han sido subastados.
El gobierno filipino inauguró recientemente una prisión en Quezón destinada a alojar a los implicados durante su proceso judicial. Marcos aseguró que no habrá trato preferencial para los acusados, entre los que figuran tanto opositores como aliados políticos.
Entre los señalados se encuentra el expresidente de la Cámara de Representantes Martin Romualdez, primo de Marcos, quien negó cualquier participación en irregularidades. Según el Departamento de Finanzas, desde 2023 podrían haberse desviado hasta 2,000 millones de dólares en fondos públicos destinados a proyectos de control de inundaciones.
