Vidulfo Rosales Sierra, exrepresentante legal de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, se incorporó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como secretario de estudios y cuenta, dentro de la coordinación general de asesores de la presidencia del máximo tribunal del país.
La designación se confirmó el 20 de septiembre, luego de que hace un mes el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, lo invitara a participar en reuniones previas a su toma de protesta.
De acuerdo con el portal institucional de la SCJN, el nuevo funcionario percibirá un salario neto mensual superior a los 118 mil pesos. Su posición contempla beneficios como seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. La incorporación de Rosales Sierra ocurre a un mes de su salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan y de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, vinculado con el caso Ayotzinapa.
En una carta fechada el 19 de agosto, el abogado anunció su retiro de ambas responsabilidades, expresando que dejaba la primera línea de la lucha social. Posteriormente, en entrevista con un medio nacional, explicó que su renuncia respondió a razones personales y de salud.
Señaló que su trabajo en la defensa de las familias requería una dedicación absoluta, incompatible con su situación médica. También explicó que su actuación legal siempre fue respaldada por el CDHM y que, al dejar la organización, ya no contaría con el soporte institucional necesario para continuar en el caso. Aclaró que su salida no estuvo vinculada con su actual nombramiento en la SCJN.
