La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó diferencias dentro del grupo parlamentario de Morena en el Senado.
El coordinador de la bancada, Adán Augusto López, descartó abrir la discusión a un parlamento abierto y señaló que la propuesta será analizada primero en comisiones y posteriormente en el Pleno. En contraste, otros legisladores, como el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, han planteado la necesidad de consultar a especialistas y permitir la participación de la sociedad civil para analizar a fondo los alcances de la reforma.
Corral afirmó que se trata de una reforma con implicaciones jurídicas de gran relevancia, por lo que insistió en establecer un mecanismo de consulta técnica o legal, ya sea mediante foros o un proceso deliberativo con expertos. Indicó que, de ser necesario, propondrá esta ruta directamente a la presidenta Sheinbaum y a la consejera jurídica Ernestina Godoy.
A esta postura se sumaron otros senadores de Morena, como Guadalupe Chavira y Óscar Cantón Zetina, quienes consideraron pertinente escuchar opiniones externas, aunque sin definir si esto se haría bajo un formato formal de parlamento abierto. Por su parte, López Hernández reiteró que el análisis legislativo comenzará en comisiones a partir de la próxima semana, con votación prevista entre finales de septiembre y principios de octubre.
La reforma a la Ley de Amparo propone modificar aspectos clave del proceso de amparo en México. Entre los cambios principales está la redefinición del “interés legítimo”, que ahora requeriría una afectación real, actual y diferenciada, lo que podría limitar el acceso a este recurso por parte de colectivos o personas que impugnan normas de aplicación general.
También se busca restringir la concesión de suspensiones provisionales por parte de jueces, privilegiando el interés público sobre el interés individual. Otro punto relevante es que una autoridad podría evitar sanciones si demuestra que no puede cumplir una sentencia por razones legales o materiales, lo que ha generado preocupaciones entre organizaciones civiles y expertos jurídicos.
