El gobierno de Costa Rica permitirá a 25 migrantes, deportados por Estados Unidos en febrero, permanecer en el país con libertad de movimiento y autorización para trabajar durante seis meses.
Esta decisión se tomó tras una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó definir su estatus migratorio y permitir su salida del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), donde llevaban casi cinco meses. El director general de Migración, Omer Badilla, confirmó la medida el miércoles, luego de la publicación oficial del acuerdo el 7 de julio.
Estos 25 migrantes forman parte de un grupo de 200 personas, en su mayoría originarias de Asia y África, que fueron trasladadas por vía aérea desde Estados Unidos a Costa Rica.
El grupo incluía 81 menores de edad. Según Migración, quienes aún permanecen en el Catem no optaron por programas de retorno voluntario ni por solicitar refugio, por lo que se les asignó una categoría migratoria de tipo “humanitaria”. Esto les permite portar un documento oficial que reconoce su estatus regular, ingresar y salir del centro temporal, así como utilizar sus servicios de alimentación y hospedaje según sus necesidades.
La medida se deriva de un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de los migrantes y resuelto por la Sala Constitucional el 25 de junio.
Con esta resolución, las autoridades costarricenses extienden una prórroga por seis meses a los beneficiarios, permitiéndoles trabajar de manera legal en el país. Los migrantes proceden de Armenia, Rusia, Turquía, Afganistán, Irán y Azerbaiyán, y su situación legal se revisará nuevamente al término del periodo otorgado.
