En el árido paisaje del desierto de Nuevo México, donde los campos de cebolla conviven con arbustos de yuca y viejos ranchos ganaderos, han comenzado a aparecer miles de señalizaciones naranjas en inglés y español. Las advertencias, colocadas por el Ejército de Estados Unidos, declaran ciertas áreas como “restringidas por autoridad del comandante”, marcando un cambio drástico en la política de vigilancia fronteriza.
Estas nuevas zonas militarizadas —que ya se extienden por más de 600 kilómetros a lo largo de la frontera con México— están siendo controladas por bases del Ejército como Fort Bliss (Texas) y Fort Huachuca (Arizona), otorgando a las tropas autoridad directa para detener a migrantes y vigilar territorios considerados críticos para la seguridad nacional.
¿Qué significa esta militarización para la frontera?
Este despliegue sin precedentes ocurre bajo la justificación de una emergencia nacional declarada en 2017 por el expresidente Donald Trump. Aunque técnicamente el Ejército no puede aplicar leyes civiles, esta medida les permite actuar en zonas específicas bajo supervisión militar, generando fuertes críticas entre defensores de los derechos humanos y comunidades locales.
Más de 7,600 militares patrullan actualmente estas áreas, que no solo han sido declaradas de acceso restringido, sino que también sirven como una barrera física y legal contra el cruce de migrantes, el tráfico de personas y los cárteles de droga.
Arrestos, juicios y castigos más severos
Desde la instauración de las zonas militarizadas, más de 1,400 migrantes han sido acusados de invasión a territorio militar, enfrentando hasta 18 meses de prisión por esta nueva falta. Estos cargos se suman a los de ingreso ilegal, que ya conllevan hasta seis meses de cárcel. La mayoría son posteriormente transferidos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para una posible deportación.
Casos como el de una mujer guatemalteca de 29 años, condenada a dos semanas de prisión por cruzar sin autorización, evidencian cómo estas políticas afectan incluso a migrantes sin antecedentes ni intención de causar daño. “Es una mujer muy sencilla, con una educación de sexto grado”, relató su defensor público en la corte de Las Cruces, Nuevo México.
Reacciones divididas: entre seguridad y derechos civiles
Las opiniones dentro de las comunidades fronterizas son mixtas. Algunos agricultores, como James Johnson, afirman apoyar la presencia militar si ayuda a proteger su trabajo y tierras. “Siempre hemos respaldado la seguridad fronteriza”, señaló el agricultor de cuarta generación.
Pero otros residentes, como Ray Trejo —cazador, excursionista y defensor de la vida silvestre—, expresan temor ante la pérdida de acceso a tierras públicas y la posible confrontación con soldados. “No quiero estar con mi rifle y que de repente alguien me confronte sin saber si está entrenado para manejar la situación”, dijo.
Incluso el alcalde de Columbus, Philip Skinner, donde hay un cruce diario de niños con doble nacionalidad hacia escuelas estadounidenses, se muestra escéptico: “No estamos muy sintonizados con esta política nacional”, afirmó.
¿El Ejército vigila… o criminaliza?
Mientras tanto, abogados y defensores públicos impugnan en tribunales la legalidad de declarar tierras públicas como zonas militares sin aprobación del Congreso. Argumentan que esta medida podría sentar un precedente peligroso que facilite una presencia militar permanente en la frontera.
La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) también ha levantado la voz. Su abogada Rebecca Sheff asegura que el gobierno está experimentando con un enfoque más punitivo. “Si buscan una presencia militar más hostil, este podría ser el primer paso… y eso es alarmante”, afirmó.
