Juana Hilda González Lomelí, una de las personas acusadas en el caso Wallace, salió del Centro Federal de Reinserción Social número 16 en Coatlán del Río la noche del 11 de junio, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que su declaración no fue obtenida de forma voluntaria.
La resolución consideró inválidas las pruebas que derivaron de esa confesión, lo cual derivó en la anulación del proceso penal en su contra.
González fue detenida el 10 de enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuyo cuerpo no fue localizado.
La resolución judicial se apoyó en los argumentos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), organismo que asumió la defensa de Juana Hilda y que alegó que su confesión fue hecha bajo amenazas, intimidaciones y en condiciones de arraigo.
Con base en esto, la SCJN declaró la nulidad de esa declaración y de las pruebas derivadas de ella. Tras descartar esos elementos, la Corte concluyó que las pruebas restantes presentadas por el Ministerio Público no permitían establecer la culpabilidad de la acusada más allá de toda duda razonable.
La decisión de la SCJN podría tener impacto en los casos de otras personas que fueron procesadas por el mismo expediente, como César F., Albert, Tony C., Brenda Q. y Jacobo T., cuyos procesos judiciales se mantienen abiertos o suspendidos.
El IFDP indicó que las pruebas utilizadas en todos estos casos son las mismas que fueron invalidadas en el caso de González, por lo que su exclusión debe aplicarse de manera inmediata en los juicios pendientes.
