La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa, lo que deja firme la condena dictada por un tribunal federal en 2022 y confirmada posteriormente por una cámara penal.
La decisión impide a Fernández postularse como candidata a legisladora en las próximas elecciones provinciales. La expresidenta, de 72 años, deberá presentarse en los próximos cinco días hábiles ante el tribunal que emitió la sentencia, que ya solicitó al Ministerio de Seguridad que disponga un lugar para su arresto.
La defensa de Fernández prevé pedir prisión domiciliaria en virtud de su edad, medida contemplada por la legislación penal argentina. Fernández calificó a los jueces de la Corte Suprema como subordinados a intereses económicos superiores, en declaraciones ante militantes peronistas en Buenos Aires.
La dirigente sostiene que su caso forma parte de una persecución política y judicial. Uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, anunció que el caso será presentado ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante la jornada, simpatizantes de Fernández realizaron cortes de tránsito y se concentraron frente a su domicilio. Además, se registró una irrupción violenta en instalaciones de medios de comunicación del Grupo Clarín, sin reportes de personas lesionadas.
El proceso judicial que culminó en la condena involucra licitaciones irregulares en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según el fallo, las obras públicas fueron adjudicadas con sobreprecios a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, lo que representó un perjuicio para el Estado estimado en más de 70 millones de dólares.
Además del caso ya sentenciado, Fernández enfrenta otros procesos judiciales pendientes. El próximo comenzará en noviembre por presunta asociación ilícita en el cobro de sobornos relacionados con la obra pública. También está acusada en otra causa por encubrimiento de iraníes señalados por el atentado a la AMIA en 1994 y en un tercer expediente por presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades.
