Una corte guatemalteca giró órdenes de detención contra Iván Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia.
El Ministerio Público los señaló por supuesta asociación ilícita relacionada con la investigación de sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios guatemaltecos en 2017. Según el fiscal Rafael Curruchiche, los acusados integraban una estructura que favoreció a la empresa brasileña en perjuicio del Estado guatemalteco, el cual habría perdido más de 3,000 millones de quetzales.
Además de Velásquez y Camargo, el fiscal solicitó la detención de otros exfiscales, incluidos Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval. En 2017, Sandoval firmó convenios con Odebrecht en Brasil, autorizados por una jueza, para obtener testimonios sobre el pago de sobornos a cambio de cerrar procesos contra representantes de la empresa. Posteriormente, Curruchiche reorientó la investigación hacia los exfiscales, jueces y miembros de la CICIG involucrados en estos acuerdos. La fiscalía también notificó a Interpol para ejecutar las órdenes de captura.
El gobierno de Guatemala rechazó las órdenes de detención y aseguró que estas acciones vulneran el acuerdo firmado con Naciones Unidas sobre la CICIG.
La cancillería colombiana expresó preocupación y calificó las capturas como contrarias al derecho internacional. Según el mandato de la CICIG, su personal goza de inmunidad incluso tras dejar el cargo, lo que ha generado un conflicto diplomático entre ambos países.
El caso Odebrecht había llevado al arresto de exfuncionarios como Alejandro Sinibaldi y al procesamiento de figuras como Manuel Baldizón, aunque ambos se encuentran actualmente en libertad.
