El gobierno de Ecuador envió al Congreso un proyecto de ley con carácter de urgencia que busca enfrentar las denominadas economías criminales mediante reformas legales que contemplan procedimientos más ágiles para allanamientos, incautaciones y sanciones penales más severas.
El presidente Daniel Noboa presentó la iniciativa el sábado, en un contexto marcado por el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y la minería ilegal. El partido oficialista Acción Democrática Nacional cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional, lo que podría facilitar la aprobación del proyecto.
Entre las reformas propuestas se encuentra la confiscación directa de bienes relacionados con el lavado de activos, así como un aumento en las penas de prisión para integrantes de grupos armados ilegales.
Estas sanciones pasarían de un rango de 10 a 13 años a uno de 22 a 26 años, y de 26 a 30 años en el caso de los líderes de estas organizaciones. T
ambién se establece que las armas y otros elementos incautados se transfieran de inmediato a las fuerzas del orden. La iniciativa permite, además, allanamientos sin orden judicial, con el requerimiento de una revisión por parte de jueces especializados dentro de las siguientes 24 horas.
El proyecto también contempla que en situaciones que representen una amenaza a la seguridad del Estado se autoricen detenciones con fines de investigación por hasta 24 horas, tras lo cual los detenidos quedarán a disposición de la fiscalía.
Adicionalmente, para personas procesadas por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno decretado en 2023, se eliminarían medidas sustitutivas. Por otro lado, el texto especifica que los policías involucrados en hechos relacionados con el cumplimiento de sus funciones no estarán sujetos a prisión preventiva.
