La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que cualquier aspirante a un cargo judicial que mantenga vínculos con la delincuencia organizada o no cumpla con los criterios constitucionales podría ser descalificado del proceso electoral del próximo 1 de junio. Sus declaraciones surgen luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que entre los tres mil aspirantes hay personas que han ejercido como defensores legales de integrantes del crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum expresó que si existe evidencia que demuestre alguna relación incompatible con los principios del Poder Judicial, podría solicitarse una medida cautelar o, en su caso, la descalificación del candidato, incluso si su nombre ya figura en las boletas. La mandataria destacó que para ello sería necesario presentar pruebas formales ante las instancias correspondientes.
Sheinbaum recordó que la decisión final recae en el Tribunal Electoral, encargado de evaluar los casos que se presenten. El proceso judicial del 1 de junio será el primero en su tipo luego de la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fernández Noroña también señaló que no deben participar en el proceso quienes no cumplan con la exigencia constitucional de probidad, y sugirió que la participación de personas con antecedentes comprobados de vínculos con el narcotráfico podría afectar la legitimidad del proceso.
