La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este jueves al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos en la investigación, sanción de responsables e identificación de víctimas tras el reciente hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, un predio que llevaba seis meses bajo custodia oficial en el estado de Jalisco.
El caso fue destapado por el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, que localizó fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres domésticos en el lugar, a pesar de que en septiembre de 2024 el sitio había sido asegurado por autoridades estatales, tras una operación que incluyó detenciones, rescate de personas privadas de libertad y decomisos.
Fallas en la búsqueda inicial
La CIDH subrayó la insuficiencia de las búsquedas oficiales, ya que los hallazgos recientes no fueron producto del trabajo de las autoridades, sino de las personas buscadoras. A pesar del uso de maquinaria y binomios caninos en 2024, fue hasta este año que se descubrieron nuevas evidencias sobre posibles crímenes cometidos en el rancho, como reclutamiento forzado, entrenamiento criminal, asesinatos y desapariciones, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Justicia basada en evidencia y ciencia
El organismo interamericano demandó al Estado mexicano conducir una investigación con enfoque de derechos humanos, sustentada en evidencia científica, que permita esclarecer los hechos y evite revictimizar a las familias.
Además, destacó que la identificación de restos humanos debe realizarse con dignidad, y que cualquier devolución de objetos o restos debe considerar el dolor de los familiares.
“La sociedad mexicana tiene derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido en Rancho Izaguirre”, expresó la CIDH.
Responsabilidad del Estado
La CIDH enfatizó que el derecho a la búsqueda que ejercen los colectivos no exime al Estado de su obligación de actuar diligentemente. También señaló que debe investigarse toda posible participación u omisión de agentes estatales, especialmente en contextos de crimen organizado, como el que aparentemente operó en Rancho Izaguirre.
Hasta ahora, se han ejecutado dos órdenes de aprehensión contra personas presuntamente vinculadas con el predio. Sin embargo, el caso sigue abierto y en proceso de investigación.
Medidas anunciadas por el Estado
La Comisión reconoció positivamente el anuncio de la Presidenta de la República, quien el 17 de marzo de 2025 presentó una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Entre ellas destacan:
- Reforzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana.
- Creación de una Base Nacional Única de Información Forense.
- Consolidación de la CURP como fuente única de identidad.
- Uso de tecnología genética avanzada para procesos de identificación humana.
Reconocimiento a las personas buscadoras
La CIDH reiteró su solidaridad con los colectivos y familiares que han liderado la búsqueda de desaparecidos en México durante décadas. Subrayó que su labor debe realizarse con libertad, seguridad y reconocimiento social, y que las autoridades deben evitar su revictimización y garantizar condiciones adecuadas para su participación activa en todos los procesos.
Contexto preocupante
México atraviesa una crisis histórica de desapariciones, con más de 110 mil personas registradas oficialmente como no localizadas. La inacción, impunidad y colusión institucional han sido señaladas en múltiples informes como factores clave que han permitido la continuidad de estas violaciones graves a los derechos humanos.
La CIDH ha seguido esta problemática durante más de 25 años, y sostiene que la verdad, la justicia y la reparación integral son pilares imprescindibles para enfrentar esta emergencia humanitaria.
