La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial que otorga a la Presidencia de la República, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la facultad de nombrar a la persona que presidirá la Corte Suprema de Justicia por un periodo de seis años. La norma también les permite designar a los integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. La ley sustituye a la anterior legislación del Poder Judicial y establece que el Sistema de Justicia ya no se considera un poder del Estado, sino un órgano subordinado al Ejecutivo.
La nueva disposición legal fue presentada por el Ejecutivo y aprobada de forma unánime en el Congreso, controlado por el Frente Sandinista. Reduce el número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia de 16 a 10 y elimina la figura de los cojueces. Además, establece que los magistrados serán electos por la Asamblea Nacional a partir de propuestas enviadas por la Presidencia o por legisladores. Todos los cargos tendrán una duración de seis años y deberán cumplir con equidad de género. Actualmente existen seis vacantes en el máximo tribunal, originadas por renuncias y fallecimientos.
El texto también señala que los jueces deben actuar con independencia en sus funciones, bajo los lineamientos de la Constitución y la ley. La ley implementa cambios estructurales alineados con la reforma constitucional que entró en vigor el 19 de febrero de 2025, la cual otorga mayores atribuciones al Ejecutivo y establece que la Presidencia coordine a los demás órganos del Estado. Entre otras disposiciones, la nueva norma judicial contempla la creación de Salas de Familia y la posibilidad de restringir el acceso público a procesos penales si lo determina una autoridad judicial.
