Más de 200 venezolanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador a principios de marzo, utilizando una ley de guerra de hace más de 200 años. Desde entonces, se encuentran encerrados en una prisión de máxima seguridad para pandilleros sin haber pasado por un proceso judicial, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos en ambos países.
Deportación exprés y sin juicio: ¿qué pasó?
El 15 de marzo, EE. UU. deportó a 238 migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite expulsar a ciudadanos extranjeros sin darles oportunidad de presentarse ante un juez. La administración de Donald Trump los había señalado como supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, aunque hasta ahora no se ha presentado evidencia concreta.
Ya en el aire, un juez federal en Washington intentó frenar la deportación. Pero fue demasiado tarde. Los venezolanos fueron trasladados directamente a la megacárcel para pandillas de El Salvador, sin posibilidad de defensa ni representación legal.
¿Qué dice El Salvador?
Poco. El presidente Nayib Bukele confirmó el arribo y encarcelamiento de los deportados a través de una publicación en X (antes Twitter), donde aseguró que EE. UU. pagará una tarifa anual por mantenerlos en prisión.
Más allá de ese anuncio, ni la Fiscalía General ni el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos han hecho declaraciones oficiales. Tampoco se conoce el estatus legal de los prisioneros en territorio salvadoreño, que no cuentan con representación consular, ya que ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2019.
¿Qué dicen las leyes salvadoreñas?
Para varios juristas y ONG, la detención de los venezolanos es ilegal. El abogado David Morales, de la organización Cristosal, afirmó que no hay base jurídica ni tratados internacionales que respalden su encarcelamiento.
“No están bajo jurisdicción de un juez salvadoreño, ni han sido procesados o condenados en el país. Es una detención arbitraria”, explicó Morales.
Venezuela toma cartas en el asunto
Este lunes, abogados contratados por el gobierno venezolano presentaron una acción de hábeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña. Buscan la liberación inmediata de los 238 detenidos, alegando que sus derechos han sido violados.
El abogado Jaime Ortega, representante de 30 de los encarcelados, señaló que la petición se extendió al grupo completo. Sin embargo, la falta de independencia judicial en El Salvador hace que las probabilidades de éxito sean mínimas.
“¿Quién va a decidir su libertad? ¿Un juez estadounidense o un juez salvadoreño?”, cuestionó el constitucionalista Enrique Anaya.
