Familiares de personas desaparecidas en México manifestaron su inconformidad este jueves ante las restricciones impuestas por autoridades estatales para ingresar al “Rancho Izaguirre”, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
El predio fue intervenido en septiembre de 2024 y, dos semanas atrás, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó en el lugar restos óseos, prendas de vestir y otros objetos. La Fiscalía de Jalisco organizó una apertura del rancho para familiares y medios, lo que generó reclamos por el manejo del lugar y la falta de acceso a posibles indicios.
Durante el recorrido, diversas zonas del terreno, que abarca casi una hectárea, permanecían acordonadas, con banderas que indicaban presencia de evidencia y zanjas aún abiertas.
La bodega donde el colectivo halló cientos de prendas ya no contenía objetos, pues habían sido trasladados, según activistas, a las instalaciones de la Fiscalía. Esta situación generó molestias entre familiares que esperaban encontrar pistas que les permitieran identificar a sus seres queridos. Algunos expresaron su descontento al considerar que la visita careció de transparencia y no aportó elementos nuevos a la búsqueda.
La controversia se agudizó tras declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien un día antes denunció deficiencias en la actuación de la Fiscalía de Jalisco. Señaló omisiones en el levantamiento de evidencias, la preservación del lugar y la falta de vínculos establecidos con posibles responsables.
El titular de la FGR indicó que se revisará la actuación de los funcionarios estatales involucrados y advirtió que podrían derivarse responsabilidades administrativas o penales. El caso se suma a las múltiples investigaciones pendientes sobre desapariciones en el país, las cuales superan las 124,000 personas.
