El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cedió ante las manifestaciones masivas en contra de la nueva normativa de tránsito que exigía seguros obligatorios para vehículos particulares, de carga y de transporte público.
Tras dos días de bloqueos y protestas en varios puntos del país, que dejaron pérdidas económicas de 38 millones de dólares, el gobierno decidió derogar los reglamentos y convocar a una mesa de diálogo con los transportistas.
¿Por qué protestaban los guatemaltecos?
La polémica normativa reglamentaba un requisito de la Ley de Tránsito de 1996, que establecía la obligatoriedad de contratar seguros de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros y ocupantes.
Aunque la ley existía desde hace casi 30 años, ningún gobierno anterior había implementado sanciones por su incumplimiento.
A pesar de que las autoridades aseguraron que la medida fue discutida con más de 400 organizaciones, transportistas y motociclistas rechazaron la nueva exigencia, argumentando que representaba un gasto adicional para ellos.
Protestas violentas y presencia de grupos criminales
Las manifestaciones del martes y miércoles incluyeron bloqueos de calles y carreteras, afectando la movilidad en la capital guatemalteca y en varios departamentos.
El miércoles por la tarde, los disturbios escalaron a la violencia, cuando manifestantes atacaron a la policía con piedras y objetos contundentes.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó que entre los manifestantes se detectó la presencia de pandilleros y otros grupos criminales, lo que desató especulaciones sobre la posible manipulación política de las protestas.
El gobierno cede y busca una nueva solución
Tras reunirse con representantes de buses, taxis, mototaxis y transporte de carga, el presidente Arévalo anunció que los reglamentos serían derogados y que se instalará una mesa técnica para diseñar una nueva regulación en un plazo de un año.
Arévalo enfatizó la necesidad de abordar la crisis vial del país, recordando que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en Guatemala.
Sin embargo, también advirtió que su gobierno no permitirá que criminales se aprovechen de las protestas para generar caos.
¿Qué sigue para Guatemala?
El debate sobre la obligatoriedad de los seguros vehiculares sigue abierto, mientras el gobierno busca una solución negociada.
Mientras tanto, el incidente deja interrogantes sobre el poder de presión de los transportistas, la fragilidad política del gobierno de Arévalo y la posible influencia de la oposición en las protestas.
