La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la reciente decisión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de cancelar la personería jurídica de 1,500 organizaciones de la sociedad civil, incluidas al menos 700 de carácter religioso. La CIDH expresó que esta medida intensifica la represión en el país y demuestra un ataque sostenido contra el pluralismo y la democracia en Nicaragua. Según la CIDH, la subordinación de todos los poderes al Ejecutivo de Ortega ha permitido el cierre del espacio cívico en la nación.
El 19 de agosto de 2024, el Ministerio del Interior de Nicaragua ordenó la disolución de estas asociaciones, que operaban como organismos sin fines de lucro, y el traspaso de sus bienes al Estado. Este cierre masivo de organizaciones, que incluye ONG católicas y defensoras de derechos humanos, es la primera vez que se realiza en un solo acto y fue precedido por una reforma que obliga a las ONG a aliarse con instituciones estatales para poder ejecutar proyectos en el país.
La CIDH reiteró su llamado a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y apoyar a las organizaciones que continúan su labor bajo estas circunstancias adversas. También pidió al gobierno nicaragüense que cese de inmediato sus acciones represivas y restablezca el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en el país.
