La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, dirigida por Bernardo Rodríguez Alamilla, expresó su enérgica condena tras la decisión judicial que permitió la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaiza Chávez, acusados del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz en 2019. Rodríguez Alamilla criticó la resolución, calificándola como una violación al derecho de la víctima a obtener justicia y advirtiendo que deja un precedente de impunidad en Oaxaca.
El Juez José Gabriel Ramírez Montaño, encargado del caso, se conectó de manera remota a la audiencia en la que absolvió y ordenó la liberación de los tres acusados, argumentando que las pruebas presentadas no fueron suficientes para destruir la presunción de inocencia de los implicados. Esta decisión fue tomada tras cinco años de litigio, lo que ha generado indignación entre defensores de derechos humanos y colectivos feministas.
María Elena Ríos, quien sobrevivió al ataque con ácido y ha sido una voz activa en la lucha contra la violencia de género, denunció que al Juez solo le tomó 20 minutos decidir la liberación de sus agresores. A través de redes sociales, Ríos expresó su frustración, señalando que “ganó la corrupción” y destacando la impunidad que enfrentan las mujeres que buscan justicia en México.
