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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respondió a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa.
A pesar de las dudas sobre la resolución, el CJF explicó que los militares siguen sujetos a un proceso penal por desaparición forzada, y que la prisión preventiva oficiosa se mantiene en base a la Constitución.
Sin embargo, los militares, inconformes con esta medida, interpusieron un juicio de amparo, resultando en una revisión cautelar y la posterior decisión de no imponer la prisión preventiva justificada.
En lugar de la prisión preventiva, se impusieron medidas cautelares no privativas de libertad, incluyendo la presentación periódica ante el juzgado, una garantía económica, prohibición de salida del país, de acercarse al estado de Guerrero, y de comunicarse con víctimas o testigos protegidos.
Estas medidas buscan asegurar la continuidad del proceso penal, permitiendo a la fiscalía solicitar su modificación en caso de incumplimiento.
La decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo ha generado críticas desde el Gobierno de México, que a través de la Secretaría de Gobernación, ha expresado su desacuerdo y apoyado la postura de la Fiscalía General de la República de impugnar la resolución.
La administración federal ha cuestionado la prioridad del Poder Judicial en hacer justicia, acusándolo de entorpecer el proceso con tecnicismos y desconsiderar los derechos de las víctimas.
El caso Ayotzinapa ha sido largo y complejo, con el Poder Judicial liberando previamente a 62 implicados y realizando intentos de cambiar las medidas cautelares para el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Estas acciones han generado una percepción de falta de justicia y transparencia en el manejo del caso, lo que sigue siendo un tema crítico en el país.
