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Una jueza federal revocó la prisión preventiva a ocho militares acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los militares podrán seguir su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.
Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, informó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe a un caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena (Secretaria de la Defensa Nacional)”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó su actuación.
Con información de AP
