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Un juez mexicano ha emitido una orden al Ejército de México para preservar los archivos relacionados con la “Guerra Sucia”, un periodo de represión estatal que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1990.
Esta decisión, revelada por la organización Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surge a través de un amparo definitivo concedido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa. La orden judicial prohíbe a las autoridades destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar documentos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Estos archivos son cruciales para la investigación del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas entre 1965 y 1990, una época marcada por la persecución gubernamental a disidentes políticos.
La solicitud de amparo fue interpuesta por Alicia de los Ríos Merino, quien busca esclarecer la desaparición forzada de su madre, también llamada Alicia, en 1978 a manos de la Brigada Blanca, un grupo conformado por el Ejército, la policía, la extinta Dirección Federal de Seguridad y la entonces Procuraduría General de la República.
La resolución judicial establece que los familiares de personas desaparecidas durante la “Guerra Sucia” tienen derecho a acceder a estos archivos y a oponerse a su manipulación o destrucción. Estos documentos son fundamentales para reconstruir la verdad, identificar a los responsables y obtener información clave para la búsqueda de las personas desaparecidas.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en 2021 una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos de ese periodo, investigadores del MEH acusaron al Ejército de ocultar archivos y obstaculizar la investigación, aunque López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas habían entregado toda la información relevante.
