Capturan a exalcalde de Toluca por secuestro exprés

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha capturado al exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, bajo cargos de secuestro exprés.

La detención fue anunciada el jueves 18 de enero a través de las redes sociales de la fiscalía.

Martínez Carbajal había estado prófugo desde noviembre de 2023, y la orden de aprehensión en su contra ha sido efectiva gracias a la colaboración de la policía ministerial militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (CONAHO) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Aunque la ubicación exacta de su detención no fue especificada, la FGJEM informó que será trasladado al Estado de México para su certificación.

La búsqueda de Martínez Carbajal se intensificó tras varios intentos fallidos por parte de la FGJEM para ejecutar la orden de aprehensión, incluyendo tres cateos, dos de ellos en sus domicilios.

Posteriormente, la Interpol emitió una ficha roja para localizar al exalcalde, y el Instituto Nacional de Migración (INM) estableció una alerta migratoria.

Según las investigaciones, Martínez Carbajal, durante su mandato como alcalde en abril de 2023, ordenó a la policía municipal ingresar sin mandato judicial a las oficinas de su exsuegro, quien también era servidor público en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del municipio.

La víctima, identificada solo por sus iniciales O.E.R.C., fue privada de su libertad y retenida en las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal.

La denuncia del delito fue presentada por la hija de la víctima ante el ministerio público.

Las investigaciones también revelaron que Martínez Carbajal amenazó por teléfono a su esposa, Viridiana Rodríguez Rico, exigiendo la devolución de documentos personales y condicionando la liberación de la víctima a esta demanda.

De ser encontrado culpable, Martínez Carbajal podría enfrentar una pena de entre siete y veinte años de prisión, además de una multa de entre 100 a 1,000 días. La condena podría aumentar hasta diez años adicionales por la entrada ilegal al inmueble de la víctima.

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