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Bernardo Arévalo de León, el candidato socialdemócrata, fue juramentado como presidente de Guatemala después de la medianoche del lunes, tras un largo proceso de negociaciones provocado por acciones judiciales contra los diputados de su partido, Semilla.
El Congreso guatemalteco, con una mayoría conservadora, había declarado a los diputados de Arévalo como independientes, lo que les restaba poder antes de su investidura.
Este proceso legislativo se vio obstaculizado por una decisión judicial que suspendió a Semilla por supuestas irregularidades en su creación.
Las intensas negociaciones lograron restablecer a los diputados de Semilla en la bancada parlamentaria y les otorgaron la presidencia del Parlamento. Sin embargo, la sesión solo se reanudó horas más tarde, durante la cual se calificaron las credenciales de los diputados para juramentar a Arévalo.
El presidente electo criticó la demora en la sesión, acusando intentos de vulnerar la democracia. La situación creó incertidumbre y malestar, llevando a cientos de seguidores de Arévalo a concentrarse en las inmediaciones del Congreso en protesta.
La investidura de Arévalo contó con la presencia de importantes figuras internacionales, incluyendo al rey de España, Felipe VI, y presidentes de varios países.
Estos dignatarios exigieron al Parlamento guatemalteco que procediera con la entrega del poder a Arévalo. A pesar de las acusaciones de un intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público y el juez penal Fredy Orellana, Arévalo finalmente asumió la presidencia, sucediendo a Alejandro Giammattei.
La situación se agravó debido a un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que suspendió al Movimiento Semilla y dictaminó que sus diputados fueran considerados independientes.
Esta decisión, basada en una orden penal relacionada con la fundación del partido, limitaba la influencia política de Semilla en el Congreso.
A pesar de la persecución judicial que enfrentó Arévalo y su partido desde las elecciones presidenciales de junio de 2023, el nuevo presidente ha prometido solicitar la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
