[responsivevoice_button voice=”Spanish Latin American Female” buttontext=”Escuchar”]
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), liderada por Ernestina Godoy, está en el centro de un debate tras la revelación de un posible caso de espionaje a figuras políticas.
Según una investigación de The New York Times, la FGJ-CDMX ordenó a la empresa de telecomunicaciones Telcel proporcionar registros telefónicos y de ubicación de varios funcionarios y políticos, citando conexiones con investigaciones sobre secuestros y desapariciones.
Esta solicitud abarcó no solo a los individuos directamente implicados, sino también a sus familiares y asociados cercanos.
En respuesta, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, refutó las acusaciones de uso indebido de poder para espiar a políticos y anunció una investigación para determinar la autenticidad de los documentos mencionados en el reportaje.
A su vez, las personas presuntamente espiadas han expresado preocupación y desconfianza hacia estas acciones, alegando que esto representa un abuso de poder más amplio.
Entre ellas, Alessandra Rojo de la Vega, activista y exdiputada, relató experiencias personales que sugieren vigilancia y amenazas, lo que la llevó a buscar protección legal.
Finalmente, figuras políticas como Santiago Taboada y Mauricio Tabe han denunciado que las investigaciones en su contra, relacionadas con secuestros y desapariciones, eran pretextos para el espionaje de sus comunicaciones.
Tabe señaló que incluso se solicitó a su proveedor de telecomunicaciones información detallada sobre su ubicación y comunicaciones, insinuando que esto podría ser una práctica común en las fiscalías de ciertos gobiernos.
