La Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca evitar la difusión de las actas de resultados, observaciones a entidades fiscalizadas y minutas de reuniones realizadas en 2022 relacionadas con Segalmex, Liconsa y Diconsa, donde se ha descubierto un significativo fraude en la actual Administración federal.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) instruyó a la ASF el 13 de septiembre para que proporcionara versiones públicas de varios documentos generados durante las revisiones de la Cuenta Pública de 2021 a las tres dependencias, donde se detectaron irregularidades por un total de 9 mil 500 millones de pesos.
La ASF presentó un amparo para evitar la entrega de estos documentos, pero el 5 de octubre, la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa, Dinorah Hernández, desestimó el recurso, alegando que no se puede utilizar para impugnar órdenes del INAI. Esta decisión aún puede ser revisada por un tribunal colegiado.
Los documentos en cuestión fueron clasificados como reservados por la ASF y, por lo tanto, no se hicieron públicos, lo que llevó a la solicitud de acceso bajo la Ley de Transparencia.
Entre los documentos se incluyen actas de reuniones entre las entidades fiscalizadas y la ASF para discutir y aclarar las observaciones detectadas, así como comunicaciones y datos proporcionados por las entidades fiscalizadas para abordar estas cuestiones.
La ASF argumenta que la reserva de esta información está justificada, ya que forma parte de los procedimientos de seguimiento y aclaración de observaciones, que podrían resultar en la reapertura de investigaciones si no se aclaran.
El INAI ha argumentado que prevalece el derecho de acceso a la información sobre las razones de reserva invocadas por la ASF, dado el interés nacional en el caso, que ha llevado a la emisión de al menos 26 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios. Sin embargo, algunas figuras clave aún permanecen prófugas.
Con información de Reforma
