La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado el pasado domingo, 24 de septiembre, donde señala la “parcialidad e ilegalidad” de jueces de distrito y magistrados federales que estarían favoreciendo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), relacionado con el caso Odebrecht.
La FGR denunció que recientemente un juez, de forma que ellos consideran “evidentemente ilegal”, concedió beneficios a Lozoya, los cuales están expresamente negados por la legislación. Estas decisiones judiciales, según la FGR, terminan perjudicando a las víctimas, al Estado mexicano y a Pemex.
En relación con el caso, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, el 23 de septiembre, confirmó el desechamiento de pruebas bancarias que la FGR consideraba esenciales para demostrar los supuestos pagos por más de 10 millones de dólares que Lozoya habría recibido durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
La información desechada incluye estados de cuenta de empresas vinculadas a Lozoya y comprobantes bancarios de transferencias presuntamente empleadas por Odebrecht para sobornarlo.
Los magistrados justificaron el desechamiento argumentando que la información se obtuvo sin autorización judicial, transgrediendo el secreto bancario. Por su parte, la FGR insistió que las pruebas se adquirieron basándose en Tratados Internacionales y tienen un rango constitucional.
Finalmente, se menciona que Óscar Augusto Zamudio Campos, abogado de otro exdirector de Pemex, solicitó aplicar el Protocolo de Estambul a Lozoya para investigar posibles amenazas o tortura.
A finales de agosto, Lozoya eludió el proceso y pago por el caso de Agronitrogenados.
