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El Senado ratificó el proyecto legislativo denominado “Ley 3 de e contra la violencia”.
Los cambios aprobados al artículo 38 constitucional permitirán la suspensión del derecho a ser elegido para un puesto público a:
- Sentenciados por violencia familiar
- Delincuentes sexuales
- Deudores alimentarios
Las disposiciones avaladas por la Cámara Alta del Congreso también se aplicarán al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República.
El objetivo principal de esta reforma legislativa en materia de cargos públicos es prevenir la violencia familiar y garantizar que se salvaguarden los derechos de las mujeres.