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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una sentencia histórica en la que ordena a México la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esta medida se considera necesaria para que México se adapte a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La orden también incluye la revisión del arraigo domiciliario, y es resultado de la sentencia emitida en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz. La CIDH señaló que el Estado de México fue responsable de la violación de varios derechos en este caso.
La orden de la CIDH a México también implica la terminación de los procesos penales, la revisión de la pertinencia de mantener las medidas cautelares y la exclusión de los antecedentes incriminatorios obtenidos mediante la tortura. Además, en un apartado sobre garantías de no repetición, la CIDH solicitó la eliminación de la prisión preventiva en el orden jurídico interno, tanto bajo la figura legal del delito grave como bajo la figura constitucional de la prisión preventiva automática.
Esta medida se considera como un gran paso para garantizar los derechos humanos en México. La decisión también representa un llamado a la reforma del sistema judicial del país y a la implementación de medidas que eviten la tortura y la violación de derechos humanos en el futuro.
